Falta de comunicación con las comunidades donde se implementan megaproyectos, es la conclusión de la primera audiencia pública que se efectuó hoy para conocer cómo se otorgaron las licencias de explotación minera en varias comunidades.

Los casos que sobresalieron de grandes proyectos son la mina Marlyn y la cementera en San Juan Sacatepéquez, pero la jornada de hoy estuvo enfocada en la cementera, y fueron los viceministros quienes expusieron sus argumentos.

En la próxima audiencia participaran las comunidades y en una tercera se escucharán los argumentos de la empresa cementera, y el mismo proceso se realizará con la situación de la mina Marlyn. Además, se tiene previsto entregar un informe final con las conclusiones de los dos casos, el próximo 15 de octubre.

En la audiencia estuvieron presentes los diputados Otilia Lux de Cotí, Rosa María de Frade, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso; Alfredo Pocus, viceministro de Energía y Luis Zúrita, de Ambiente; Yuri Melini, director de Calas y Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana.

Durante la jornada se escucharon los argumentos de los viceministros Pocus y Zúrita, mientras que las diputadas y el director de Calas y el director de Acción Ciudadana realizaron las preguntas.

Asimismo, los funcionarios coincidieron en señalar que no hay riesgo para las comunidades del municipio de San Juan Sacatepéquez, porque la empresa compró un terreno de 19 kilómetros cuadrados, pero para la cementera solamente se utilizará la quinta parte y el resto servirá para reforestar.

Los viceministros también comentaron que para evitar el polvo en San Juan Sacatepéquez, la empresa construirá un teleférico para transportar el material, y no una carretera como señalan algunos pobladores.

Otro aspecto que destacaron Pocus y Zúrita es que los proyectos de la cementera no ponen en riesgo el agua, debido a que las 12 comunidades temen que la actividad de la empresa consuma todo el líquido que abastece a San Juan Sacatepéquez.

Al finalizar la audiencia, De Frade declaró que se observa que no existe una reglamentación y que los ministerios involucrados en los megaproyectos no brindan información adecuada a las comunidades, esto quiere decir, que los viceministros no han sido eficientes en otorgar información a los pobladores, enfatizó.